"No es tanto el hecho en sí mismo, sino que efectivamente un hecho específico te puede afectar a un valor intangible pero que es vital, especialmente para una economía en desarrollo, que es la credibilidad, la seguridad jurídica", dijo el funcionarios español, según declaraciones que publicó el diario colombiano Portafolio.
De llegar a esa instancia, Gas Natural Fenosa reclamaría al Estado colombiano el pago de 1.300 millones de euros por las inversiones que ha hecho en Electricaribe, así como por otras variables.
Aunque las tensiones entre ambos gobiernos se mantienen altas por el tema, lo cierto es que tanto Colombia como España han mostrado su disposición de lograr una solución satisfactoria, para lo cual el país ibérico solicita que se cambie el marco regulatorio colombiano.
"Este tipo de actuaciones (como la tomada por Colombia contra Electricaribe) no son ideales desde el punto de vista de los flujos de inversión que este tipo de países necesita de forma muy clara", remarcó De Guindos sobre los efectos que sufriría la economía colombiana.
Dicho anuncio fue tomado por Gas Natural Fenosa como una "expropiación" de su filial, ante lo cual el Gobierno colombiano remarcó que no lo es y que se trata de una "liquidación", ajustada a la política de ley de quiebras que opera en el país.
