"A Gas Natural Fenosa no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente", expresó la empresa a través de un comunicado.
"La medida adoptada por la autoridad colombiana es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional", argumentó la compañía española.
Por ello, GNF realizó un llamamiento a las autoridades colombianas para que "dejen sin efecto esta medida" y trabajen para buscar una solución que sea "satisfactoria" y "sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona".
El pasado mes de noviembre Colombia intervino Electricaribe, que atiende más de 2,5 millones de clientes en el país, para "garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica".
El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, anunció este martes la liquidación de la empresa, que "no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren".
"Hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la costa", agregó.
El presidente del Ejecutivo colombiano, José Manuel Santos, a través de un mensaje en la red social Twitter, calificó la liquidación de Electricaribe como "una decisión responsable".
Proceso de liquidación de Electricaribe es decisión responsable. Prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía. https://t.co/C6lKyn1GPO
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 de marzo de 2017
"El Gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable", apuntó GNF sobre los problemas de su filial.
En concreto, GNF recordó que "la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal supera los 350 millones de euros".
Además, la compañía apuntó que lleva desde 2009 advirtiendo al Gobierno colombiano "acerca de la grave situación y del continuo deterioro de la empresa de distribución eléctrica ante la problemática de la morosidad y el fraude".
