"Es injustificable demorarla más esa ley acorde a los estándares internacionales, el plazo constitucional para aprobarla venció hace más de un año" denunciaron en pronunciamiento conjunto los organismos defensores de los DDHH.
"La tortura sigue siendo generalizada en México", indica el informe de seguimiento que fue presentado el jueves pasado por el nuevo Relator Especial de la ONU sobre la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer.
El documento enviado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, refiere que la tortura "es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo" e incluye "la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas, y tortura psicológica".
Expresa además "su preocupación respecto del uso de la violencia sexual en forma alarmante en las investigaciones" contra mujeres "de bajos recursos y de bajo nivel educativo".
"A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes", puntualiza el texto de la ONU.
Dos años de demora
Frente a esta realidad mexicana, el Relator de la ONU expresó la "urgencia de aprobar la Ley General pendiente en la materia, anunciada por el Estado hace casi dos años".
El dictamen, cuya discusión se ha demorado en la Cámara de Diputados, puntualiza las modificaciones que se deben realizar para que la Ley se ajuste a las obligaciones del Estado.
En particular, "se debe eliminar las excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura; contemplar claramente la responsabilidad de los superiores jerárquicos".
El Estado mexicano debe además fortalecer al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, ya existente.
Nils Melzer insta además a revertir las regresiones introducidas por la Cámara de Diputados del Congreso mexicano, que pretenden "restringir los alcances del registro nacional de tortura".
Otros retrocesos incluyen "limitar las denuncias de tortura por parte de algunas autoridades; acotar la facultad de atracción de las autoridades federales".
Además lamenta que las modificaciones terminen por "reducir las garantías de no intervención de servidores públicos presuntamente involucrados en actos de tortura en las investigaciones".
Tanto el diagnóstico de la "crisis de tortura" que vive México, como las fallas señaladas en el dictamen, "hacen eco de las conclusiones de otros organismos de derechos humanos que han visitado el país en los últimos años, o que trabajamos día a día acompañando o estudiando casos de tortura", dicen los organismos coordinados.
Ante el consenso sobre la necesidad de aprobar la Ley General corrigiendo los puntos señalados, las organizaciones de derechos consideran "injustificable demorar más el proceso" e instan "a las y los diputados a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley".
La obligación de los diputados es "respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales", puntualiza el posicionamiento.