Dicho reporte destaca que "agentes estatales de alto nivel y exmiembros de grupos paramilitares" son algunos de los que se ven favorecidos por el sistema judicial de Colombia, país en el que "la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación social" son los mayores problemas en materia de derechos humanos.
En ese sentido, destacó que la "violencia y discriminación social contra la mujer" mantuvo una fuerte incidencia en 2016, de la que también fueron víctimas varios colectivos sociales, entre ellos la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), así como los indígenas y los afrocolombianos.
Finalmente, y pese a las denuncias, el Departamento de Estado reconoció que el Gobierno colombiano "continuó sus esfuerzos para procesar y castigar a los perpetradores de abusos, incluidos los miembros de los servicios de seguridad", para lo cual dotó de más recursos a la Procuraduría General de la República.