Según el informe, entre las infracciones realizadas figura la violación de 53 menores colombianas realizadas durante un periodo de cuatro años.
"Hay abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos", se afirma en el documento.
Según recoge el informe, en Melgar (departamento de Tolima) y en Girardot (departamento de Cundinamarca), "53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico".
También en Melgar, "un contratista y un sargento de Estados Unidos violaron a una niña de 12 años en el 2007", se afirma.
"Tanto por las actividades que realizan, como por su estatus de inmunidad, contribuyen a la inseguridad de la población en zonas de conflicto, pero también en otras áreas en las que se concentran y están en contacto con la población civil", sostiene el informe, que también denuncia las frecuentes violaciones y agresiones sexuales por parte del Ejército colombiano.
El informe, que califica el "comportamiento sexista y discriminatorio" de "imperialismo sexual", señala que los casos son similares a los ocurridos en otros países donde también se encuentran bases militares, como "Filipinas, Japón o Corea del Sur".
La Drug Enforcement Administration (DEA) implicada en diversas irregularidades
Agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration), la agencia antinarcóticos de EEUU, habrían participado en orgías con prostitutas mientras estaban destinados en Colombia, dejando sus armas al cargo de policías colombianos.
La investigación también ha revelado que los encuentros, entre el año 2005 y 2008, fueron sufragados por grupos mafiosos.
Aunque algunos de los agentes de la DEA que participaron en estas fiestas lo ha negado, la información en el expediente del caso sugiere que los agentes sabían "que las prostitutas que asistían habían sido pagadas con fondos del cártel".
Además, el informe apunta que algunos de los agentes habrían recibido de los narcotraficantes "dinero, regalos caros y armas".
John Bresnahan, el reportero de la revista Politico que ha adelantado la noticia, explica que las "asombrosas revelaciones" forman parte de "una investigación abierta tras las denuncias recibidas por supuestos abusos sexuales y malas prácticas cometidos dentro de la DEA, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Exposivos y el Servicio de los US Marshalls".
En su informe, el Departamento de Estado explica que a pesar de sus requerimientos la DEA habría entorpecido la investigación-
"La Oficina del Inspector General no recibió acceso a los archivos del caso durante varios meses, y solo después de que el caso por mala conducta fuese cerrado", afirma.
EEUU participó en asesinatos en Colombia
"La participación de Estados Unidos en asesinatos se conoce desde hace varios años", asegura el informe (página 746), que cita la operación 'Heavy Shadow' contra Pablo Escobar (1989-1993) como ejemplo de "ejecuciones a partir de información de inteligencia que facilitan las agencias de Estados Unidos".
El documento menciona el asesinato de "sindicalistas, líderes sociales, militantes de izquierda" aprovechando "la cobertura dada por la noción de narco-terrorismo", y afirma que su origen se remonta a la la Orden 200-05-91 del Ministerio de Defensa de Colombia de mayo de 1991, "con base a las recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos".
Según el informe, a partir de esta orden se crearon redes de inteligencia por todo el país, una de ellas —la 07, con sede en Barrancabermeja, a la que se le imputan 100 asesinatos-, camuflada bajo la fachada de empresas falsas y que contrataban a sicarios para evitar un nexo directo con las Fuerzas Armadas de Colombia.
El documento sostiene que los objetivos prioritarios fueron "asesinar a líderes sindicales y sociales y generar terror entre la población" y destaca el caso de los "falsos positivos", que el informe describe como "señalamientos y reclutamiento de personas que luego son asesinados a sangre fría por un Ejército ansioso de demostrar resultados en la lucha contrainsurgente".
Perpetuar el conflicto colombiano
El informe señala a los diversos Gobiernos de EEUU como responsable directo en la perpetuación del conflicto.
"Los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de las últimas siete décadas son responsables directos en la perpetuación del conflicto armado en Colombia, en la medida en que han promovido la contrainsurgencia en todas sus manifestaciones, estimulando y entrenando a las Fuerzas Armadas con sus métodos de tortura y eliminación de los que son considerados como 'enemigos internos' y bloqueando las vías no militares de solución a las causas estructurales del conflicto social y armado", dice el informe en sus conclusiones.
En concreto, el informe acusa a EEUU de ser "corresponsable" de miles de asesinatos cometidos durante el conflicto armado entre las guerrillas de inspiración marxista, el Gobierno y los paramilitares.
"Estados Unidos es corresponsable directo en miles de asesinatos que han cometido las Fuerzas Armadas y los paramilitares, por su patrocinio a brigadas militares comprometidas en ese tipo de crímenes y por su respaldo a grupos privados de asesinos", asegura.
EEUU también habría contribuido a "la militarización de la sociedad colombiana por su financiación y apoyo al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas a nombre de diversas cruzadas, contra el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo" y al promover, continúa, "la llamada 'guerra contra las drogas', Estados Unidos está involucrado en forma directa en la destrucción de economías campesinas e indígenas en diversos lugares de Colombia, que son víctimas de fumigaciones, de bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial".
El documento recuerda que los mercenarios empleados en el conflicto interno del país "gozan de plena impunidad, en virtud de los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos".
Según el documento, la injerencia de EEUU en Colombia "ha sido constante y directa desde finales de la década de 1940, lo cual se expresa tanto en la ayuda militar al Estado, como en el fomento de las políticas de contrainsurgencia".
Sus autores afirman que la prolongación del conflicto armado no hubiera sido posible sin "el sostén militar y financiero de los Estados Unidos".
Replantear relaciones y no negar la responsabilidad
En las conclusiones del informe se recomienda que EEUU debe aceptar su responsabilidad ante las víctimas y replantear sus relaciones con Colombia.
"El Gobierno de los Estados Unidos debe aceptar su responsabilidad, de manera inequívoca, ante las víctimas por su participación directa e indirecta en nuestro conflicto, de la misma manera en que la guerrilla de las FARC-EP ha aceptado su parte de responsabilidad y como también lo debe hacer el Estado", afirma el documento en sus recomendaciones finales.
El informe considera indispensable para "construir una sociedad en paz y democrática (…) replantear las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos", pues solo así es posible recuperar "la soberanía nacional con el objetivo de manejar de forma autónoma nuestros asuntos y que las políticas internas no se guíen ni por los intereses de Washington ni de ningún poder foráneo, sino que respondan a los intereses de la población colombiana".
Con ese fin, sus autores piden al Gobierno que revele a la ciudadanía los pactos y acuerdos militares secretos que existen con EEUU y se comprometa a no volver a establecer acuerdos de esa naturaleza, pues mediante "los mal llamados programas de 'asistencia militar' (…) se produce una injerencia política ilegítima" en los asuntos internos de Colombia
También se reclama a EEUU que extradite a los acusados "de graves crímenes en contra del pueblo colombiano, en particular asesinatos, desapariciones y casos de violación sexual" para que "respondan ante tribunales independientes y se ponga fin a la impunidad que los protege".
Otra de las recomendaciones del informe es eliminar "los privilegios y protección de que gozan los militares de los Estados Unidos y los mercenarios a su servicio".
En uno de sus puntos finales, los autores del informe señalan la necesidad de una "investigación en profundidad de las actividades de la agencia de cooperación estadounidense USAID, la cual (…) ha estado implicada desde un primer momento en la asistencia a actividades e instituciones que han promovido masivamente la violación de derechos humanos".
