"La sentencia del tribunal de alzada establece que la víctima fue sometida a torturas por parte de agentes del Estado, hecho que además fue comprobado por la Comisión Valech (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura), configurando un crimen de lesa humanidad reparable en el aspecto penal y civil", señaló el Poder Judicial a través de un comunicado.
La medida, que favorece a Ismael Lastra Goycolea, fue aprobada de manera unánime por la ministra Pilar Aguayo, el fiscal judicial Jorge Norambuena Carrillo y el abogado Jorge Norambuena Hernández, revocando la resolución que había rechazado la demanda presentada por el afectado en primera instancia.
Los juristas fallaron conforme a la normativa internacional humanitaria, a la que se encuentra adscrito y obligado el Estado de Chile, que especifica que las violaciones a los derechos humanos no prescriben con el transcurso del tiempo.
Durante la dictadura de Pinochet, más de 3.000 personas resultaron muertas por el terrorismo de Estado, mientras aún se desconoce el paradero de 1.192 detenidos por causas políticas.
