La secretaría federal de la Función Pública determinará la posible sanción que se aplicará al exjefe investigador federal, si son comprobadas sus presuntas irregularidades, informó en conferencia de prensa Alfredo Higuera Bernal, fiscal del caso de la escuela normal rural de maestros de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, abogado principal de los familiares, dijo a su turno que la investigación de los visitadores de la fiscalía "determinaron sanciones (administrativas) contra siete funcionarios", entre ellos el exalto jefe investigador.
El gobierno anunció además que las partes acordaron reinstalar el esquema de interlocución y de comunicación con los padres de los 43 desaparecidos, en reuniones mensuales para conocer el avance de las investigaciones.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos del Interior, presentó a la prensa los acuerdos, entre ellos un "compromiso de seguir las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)", de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), integrada por cinco especialistas de España, Colombia, Chile y Guatemala.
Ese río se localiza cerca del basurero municipal del pueblo de Cocula, Guerrero, en una quebrada a cielo abierto, donde un día después las autoridades rescataron bolsas con restos humanos calcinados de 17 individuos, que permitieron identificar al único alumno hasta la fecha, y posibles trazas de un segundo joven, en un laboratorio forense de Innsbruck, Austria.
Inconformidades
La destitución de Zerón fue exigida en abril pasado por expertos independientes de la CIDH, y finalmente dimitió en septiembre del año pasado.
Pero días después, el presidente de México, Enrique Peña Nieto lo designó como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, en "reconocimiento a sus acciones, experiencia y capacidad, demostradas en sus encargos anteriores".
El GIEI acusó al alto funcionario de haber "alterado la escena del crimen" y desató un escándalo al revelar en el informe final de su mandato una crucial diligencia secreta, sin registro en los expedientes.
Aquel día, sin registro oficial, Zerón encontró la presunta pieza crucial del rompecabezas de la llamada "verdad histórica oficial", cuando subió a un helicóptero federal a un imputado, que la madrugada de ese día había confesado bajo tortura su participación en el asesinato e incineración de decenas cuerpos en el basurero del pueblo de Cocula.
El jefe de la AIC llegó al lugar sin acceso a forenses argentinos ni funcionarios de la ONU, que trabajaban a la misma hora a poca distancia buscando restos en el basurero, quienes luego rechazaron que participaban en la diligencia como sugería la versión oficial.
Los forenses argentinos dijeron entonces que en México "existe un interés inexplicable en forzar una línea de investigación de manera parcial, que termina en una pira del basurero de Cocula y se pierde en las aguas el río San Juan".
La masacre tras los taques a cinco autobuses repletos de alumnos, fue saldada con seis muertos, 25 heridos y 43 jóvenes desaparecidos, en la ciudad de Iguala, Guerrero (220 kilómetros al sur de la Ciudad de México).