A pesar de que la paralización está provocada por estos familiares, que impiden la salida de vehículos de las comisarías y cuarteles, la Fiscalía ya ha advertido que si la policía no vuelve a la calle este martes podrán ser acusados de delitos de motín y desobediencia.
Cada policía podría tener que pagar una multa de 100.000 reales (32.000 dólares) por cada día de paro, además de arriesgarse a un castigo de dos años de cárcel, según recoge el Código Penal brasileño.
Ante la ola de violencia el Gobierno federal autorizó el envío de más de 1.000 militares del Ejército, una cuarta parte de los cuales ya habría llegado este martes a Espírito Santo.
Los familiares de la policías exigen mejoras salariales y de condiciones de trabajo, ya que critican que el Gobierno del estado no sube el sueldo a los agentes desde hace siete años.