Este lunes arrancó el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau, a los que se les acusa de delitos de desobediencia grave y prevaricación por impulsar y permitir la citada consulta soberanista en contra de las disposiciones del Tribunal Constitucional.
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Los tres políticos catalanes declararon el lunes ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y este martes el juicio continúa con los interrogatorios a varios testigos, la mayoría de ellos relacionados con instituciones de enseñanza, que comparecerán para esclarecer cómo y bajo qué circunstancias se pusieron las urnas en los centros educativos.
Munté destacó que el actual Gobierno catalán "se siente absolutamente solidario y cien por cien al lado de los acusados".
Además, la portavoz negó que la manifestación del lunes, en la que 40.000 personas arroparon a los acusados a su llegada al juzgado, sea ningún tipo de movimiento para presionar a las autoridades judiciales, sino que se trata de "una movilización contra la judicialización de la política catalana".