"Fue completamente legal y democrático", afirmó Artur Mas ante los magistrados, que le juzgan junto a su antigua vicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau por delitos de prevaricación y desobediencia grave.
En ese proceso participativo participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
La Fiscalía solicita que Artur Mas, actual presidente del Partido Demócrata Europeo Catalán (la refundación de Convergencia Democrática de Catalunya), sea inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante los próximos diez años.
Además, el ministerio público pide que Ortega y Rigau queden inhabilitadas por nueve años.
Los políticos independentistas llegaron al TSJC arropados por 40.000 manifestantes y por el actual presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.
Artur Mas explicó que, como presidente del Gobierno catalán que era en aquellos momentos, la máxima responsabilidad política de la consulta recae sobre él.
No obstante, aseguró que no hay base legal para juzgar a los antiguos miembros del Gobierno autonómico porque "la consulta no fue organizada por la Administración, sino por gente de fuera"
"No hubo ningún funcionario que estuviese implicado en la ejecución del 9-N", aseguró Joana Ortega, que, según explicó, "ostentaba la máxima responsabilidad en lo que respecta al diseño y planificación del dispositivo".
"No teníamos claro el alcance de la providencia del TC", aseguró Ortega sobre las disposiciones del tribunal, a las que Mas se refirió como "imprecisas" dado que "no advertían de las consecuencias legales de no interrumpir el proceso".
Mas allá de las cuestiones legales, el expresidente catalán defendió la celebración de la consulta como parte del cumplimiento de su labor como representante público ya que el proceso participativo fue "la consecuencia de unas elecciones democráticas" y no "una ocurrencia".