"La discusión sobre una política nacional de ciberseguridad y la adhesión al internacional Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, implica mejorar los desarrollos técnicos y normativas para dar mayor seguridad a los datos y endurecer las penas", señaló el ingeniero informático.
En 2014, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se comprometió a desarrollar "una estrategia de seguridad digital que proteja a los usuarios privados y públicos", hecho que se materializó con el estudio en el Parlamento de la política nacional de ciberseguridad, que busca que para 2022 la red sea un espacio "democrático, abierto, seguro y resiliente".
"Esta nueva política da cuenta (de) que antes no teníamos nada al respecto, o normas muy desactualizadas, por lo que se vuelve una necesidad en términos de desarrollo de tecnologías prevenir los delitos en esta área", enfatizó Maldonado, quien remarcó la urgencia de reformar la ley vigente, que data de 1993.
En tanto, la firma del Convenio de Budapest, el primer acuerdo internacional que enfrenta los ilícitos a través de internet, en vigor desde 2004, obliga a Chile a modernizar sus actuales herramientas para combatir la vulneración de sus sistemas de seguridad, que entre los años 2009 y 2013 registraron 3.063 casos de "delitos informáticos".
Datos del ministerio del Interior afirman que en 2013 los países de la región que registraron un mayor número de ciberataques fueron Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile.
El organismo encargado de la seguridad pública, especifica que predominaron los accesos o robo de información desde computadores o dispositivos infectados, además del uso fraudulento de tarjetas bancarias y estafas informáticas.
Asimismo, consigna que un código malicioso, llamado "dorkbot", especializado en la sustracción de información, generó más de 80.000 acciones contra el sistema virtual, concentrándose en Chile (44 por ciento), Perú (15) y Argentina (11).
Por otra parte, indicó que si bien el número de denuncias por robo de información en el país es un dato "poco relevante", avaló no obstante la existencia de una "cifra negra" de instituciones víctimas de violación a sus protocolos de seguridad que no acuden a las policías para evitar un posible escándalo u otro tipo de contratiempos.
