"Alguien que cometa un delito con penas privativas de la libertad superiores a tres años no podrá pedir la dispensación (para residir en el país), de acuerdo a lo que estamos planteando", señaló Curi.
En base a la normativa vigente, "no podemos retirar la residencia a un extranjero que comete un delito que conlleva una pena de cuatro años, como un abuso sexual simple", ejemplificó el funcionario.
Al mismo tiempo, la Ley de Migraciones indica en su artículo 29 que no puede ingresar al país un extranjero que tenga antecedentes penales o haya sido condenado por delitos que bajo la legislación argentina conlleven penas privativas de libertad de tres años o más.
"Si supiéramos que ese delito (por ejemplo, abuso sexual simple) se cometió en el país de origen, el extranjero condenado no podría obtener la residencia ni ingresar a Argentina", señaló Curi.
Con la reforma que plantea, el Gobierno de Mauricio Macri pretende equiparar las causales que impedirían el ingreso al país de un extranjero con las que conllevan la retirada de la residencia.
En caso de que un extranjero haya recibido una pena de cárcel menor a tres años, "establecemos que el director nacional de Migraciones puede dispensarlos", informó el subdirector.
Agilizar expulsiones
Consultado sobre el número de solicitudes de residencias rechazadas en ese mismo lapso, el subdirector comentó que ese tipo de datos no se manejan porque "no es relevante para nuestros estudios".
También durante la última década, la administración comenzó a tramitar 15.000 disposiciones de expulsión, pero se ejecutaron aproximadamente 100.
"El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada dura 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco u ocho años", detalló Curi, de modo que "se hace inmaterial practicar la expulsión de estas personas".
Algunos casos de narcotráfico, de hecho, "han corrido por esta vía", agregó.
Por la vía administrativa, cualquier persona con una orden de expulsión puede presentar un recurso de consideración en primer lugar, después un recurso de alzada, y por último un recurso extraordinario.
Si el trámite de expulsión continúa, comienza por vía judicial el proceso de prueba que se puede alargar unos dos años; ya con sentencia, la persona puede apelar primero a la Cámara de Apelaciones y después recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
"El problema es que los plazos establecidos por ley son kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", insistió el subdirector.
La modificación de la Ley de Migraciones pretende acortar, por ello, los plazos recursivos.
El Gobierno agilizará así los mecanismos para que los trámites de expulsiones se prolonguen por un máximo de dos meses.
Hasta ahora, los inmigrantes con penas menores por delitos de narcotráfico "tampoco están contemplados en la escala penal para ser expulsados, lo que nos parece injusto", añadió.
La modificación de la Ley de Migraciones que impulsa el Ejecutivo se haría por decreto reglamentario y no a través del Congreso, un asunto "que no tratamos nosotros porque es un resorte del Poder Ejecutivo", zanjó el subdirector de Migraciones.
Para profundizar los controles, el Gobierno ha conseguido acceso en tiempo real a las bases de datos de Interpol, ha mejorado los sistemas informáticos y la infraestructura y ha asignado más agentes durante esta temporada de verano austral a la supervisión de las fronteras.
Por nacionalidades, los paraguayos lideran el listado de las radicaciones permanentes y temporarias concedidas, seguidos por los bolivianos y los peruanos.
El cuatro por ciento de la población penitenciaria de Argentina, compuesta por 71.464 personas, es extranjera, según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia.
El porcentaje es similar al de la población inmigrante que tiene este país, que representa 4,5% de todos los habitantes, de acuerdo al censo de 2010.