"En la mayoría de los casos los gobiernos no tienen este compromiso, esta voluntad política de enfrentar temas que no son populares", explicó Youngers, una de las coordinadoras del proyecto "Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento".
La especialista, integrante de la organización de derechos humanos Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), se encuentra en Montevideo, Uruguay, en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que comienza este martes.
Asimismo, en la mayoría de los casos se trata de mujeres en situación de pobreza, jefas de hogar con hijos a cargo y con muy pocos años de escolarización, que recurren al narcotráfico como estrategia de supervivencia o por coacción de sus parejas, ya presas por la misma causa.
"Hablar de reformas en políticas de drogas es hablar de cómo enfrentar las injusticias socio económicas profundas en nuestras sociedades y reorientar los recursos del Estado para que las mujeres y otras personas en situaciones de pobreza, tengan otras opciones", explica Youngers.
Para revertir esto, sostiene, son necesarias políticas públicas que brinden oportunidades a las mujeres una vez que cumplen sus condenas, y así reducir también los elevados niveles de reincidencia.
"Para romper eso lo que se necesitan son programas de educación (…) y para ayudarles a encontrar empleo y mejorar la situación de su vida en general", añade.
Según cifras del Institute for Criminal Policy Research citadas en la guía presentada por Youngers, la población carcelaria femenina en América Latina aumentó 51,6% entre 2000 y 2015, contra un 20% de incremento entre los hombres.
A su vez, el número de mujeres encarceladas por delitos de drogas creció 271% en Argentina entre 1989 y 2008, mientras que en Brasil aumentó 290% entre 2005 y 2013.
La XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe tendrá lugar en Montevideo entre este martes y el viernes.
