"La exigencia del Gobierno era el diálogo sin los mineros en el fondo de la mina", señaló el legislador y agregó que el Ejecutivo encabezará una mesa de trabajo con las autoridades regionales y los ministros competentes en Curanilahue, para zanjar un plan común que haga frente a las demandas de los 170 mineros de Santa Ana, como ellos mismos habían solicitado.
Los trabajadores del pique ubicado en la región del Bíobio, iniciaron su huelga hace casi dos meses para reclamar una inyección de recursos para continuar el trabajo en la mina, que fue declarada en quiebra en 2015 por sus antiguos dueños y posteriormente clausurada por no contar con las condiciones de seguridad para la extracción.
Durante 2016, los pirquineros adquirieron la propiedad mayoritaria de la mina, a través de un síndico de quiebras, sacrificando sueldos e imposiciones impagas de la administración anterior, y ahora esperan que el Gobierno "cumpla con el acuerdo firmado en agosto de 2015", que incluía un estudio de factibilidad para que el yacimiento pueda continuar su operación, entre otras cosas.
