"Acción Ecológica ha dejado clara su postura de apoyo en redes sociales a los actos violentos producidos en el campamento minero de la empresa EXSA, en Morona Santiago, el 21 de noviembre y el 14 de diciembre pasado y participando en movilizaciones que promocionan la discordia y enfrentamientos con la fuerza pública", señala el boletín difundido por el ministerio.
Asimismo, la cartera informó que ya envió al Ministerio del Ambiente (MAE) las pruebas necesarias para que se inicie el trámite administrativo respectivo.
Las autoridades consideran que las acciones de la ONG "están prohibidas en las normativas establecidas para el funcionamiento de estas organizaciones" porque "atentan contra la seguridad interna del Estado".
Según el ministerio del Interior, la sociedad civil y las organizaciones pueden actuar libremente y expresar con libertad sus ideas, pero "no está permitido hacer una apología de acciones criminales o incurrir en acciones políticas apartadas de la función que han registrado".
Sin embargo, Acción Ecológica ha solicitado que el Gobierno proporcione las pruebas respectivas de haber incurrido en actos violentos.
Esperanza Martínez, vocera de la ONG, asegura que la organización nunca se ha distanciado de su objetivo primario que es "promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano".
"Estamos destacando el hecho de que lo que esté pasando es particularmente grave porque compromete derechos de participación del conjunto de las organizaciones y porque se estaría marcando un precedente nefasto", manifestó la activista al ratificar el apoyo de la ONG al pueblo indígena shuar en el conflicto que mantiene con el Gobierno por oponerse a la minería a cielo abierto.
Acción Ecológica trabaja en Ecuador desde hace 30 años y es integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
En 2009 enfrentó un intento de disolución similar que no prosperó, ya que la justicia falló a favor de la asociación.