En principio, según el auto, se suspende por cinco meses la resolución del Parlamento que iniciaba la cuenta atrás del referéndum, previsto como tarde para septiembre de 2017.
El Tribunal acuerda en primera instancia advertir al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al resto del Gobierno "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore o eluda la suspensión" acordada y les recuerda las responsabilidades, incluida la penal, en la que podrían incurrir.
Esta suspensión obedece a la admisión a trámite del último incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra las resoluciones soberanistas.