"Se declara que es procedente solicitar al Gobierno de Estados Unidos de América la extradición de Armando Fernández Larios y Michael Townley Welch, por la responsabilidad que se les atribuye como autores del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Ronni Moffitt", señaló el fallo judicial de la Segunda Sala del máximo tribunal.
Tanto el exmilitar Fernández Larios como Townley, un ciudadano estadounidense y exagente de la CIA, fueron procesados en junio pasado en Chile por el delito de homicidio calificado de Ronni Moffitt, activista política de izquierda, asesinada en un atentado junto a un exministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington DC.
Según documentos que el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó a Chile en 2015, fue Pinochet quien ordenó a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) asesinar a Letelier en dicho país, donde se encontraba exiliado, al instalar una bomba debajo del piso del vehículo donde se movilizaban él, su secretaria Moffitt y el esposo de ésta, quien salió ileso de la explosión.
De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, la solicitud cumple los requisitos establecidos en el tratado de extradición suscrito entre Chile y Estados Unidos en 1902, que consigna la entrega de personas que habiendo sido acusadas o condenadas por alguno de los crímenes o delitos especificados en el acuerdo y cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Partes Contratantes, busquen asilo o se encuentren en territorio de la otra.
La causa judicial sobre la muerte de Moffit fue reabierta en 2012, luego que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentara una querella, acogida por el juez Carroza, a cargo de investigar todos aquellos casos que no tuvieron una causa judicial desde la dictadura hasta la democracia.
Por su parte, el caso Letelier condenó en 1995 al fallecido general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, ambos de la plana mayor de la DINA, como autores intelectuales de la muerte del político chileno, con penas de seis y siete años cada uno, respectivamente
De esta Operación participaron los regímenes dictatoriales de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina y colaboraron también Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, además de Estados Unidos como financiador y articulador.
El cuerpo de Orlando Letelier fue sepultado en Venezuela, pues Pinochet no permitió enterrarlo en Chile, sus restos fueron repatriados en 1994.