"De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer asesinada corresponde al nombre de Marcelina Canacue, socia de la junta de acción comunal de la Vereda Versalles", publicó el Diario del Huila.
El crimen, que se produce en la misma jornada en que se conmemora en todo el mundo el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue presenciado por la nieta de la líder social, una niña de nueve años de edad, dijo a ese mismo diario Lorena Sánchez, integrante del partido Marcha Patriótica (izquierda).
"Ya ayer (jueves) habíamos llamado la atención en una reunión que sostuvimos con el Gobierno departamental en el sentido de prestar apoyo y protección a líderes sociales de las regiones veredales, que son los que están más expuestos a estos temas de ataques a su integridad", manifestó Sánchez.
Asesinatos que no cesan
De hecho, el lunes integrantes de Marcha Patriótica, que lidera la excongresista Piedad Córdoba, realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Colombia, en Bogotá, para exigir protección de las autoridades ante una serie de asesinatos de sus integrantes en los últimos días.
"Son más de 120 integrantes de nuestro movimiento asesinados desde el 2011 y durante este año (2016), han sido asesinados 17 de nuestros compañeros", señaló la organización en un comunicado.
Ese mismo día, la Cumbre Agraria señaló que en lo que va de mes "cinco dirigentes campesinos del movimiento Marcha Patriótica han sido asesinados, dos han sufrido atentados con arma de fuego y un líder estudiantil ha sido desaparecido sin que haya habido respuesta efectiva por parte de las autoridades".
Al respecto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó el martes "intensificar, con sentido de urgencia", las medidas necesarias para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con los reportes, la mayoría de los líderes asesinados eran activistas por el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las denuncias señalan a las disidencias del paramilitarismo y a los integrantes de estructuras dedicadas a la minería ilegal como responsables de las amenazas y homicidios de los líderes sociales.
