"Las hojas de vida de los uniformados fueron revisadas por el Ministerio de Defensa, por los medios de comunicación y la opinión pública", dijo el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, durante la sesión en la Comisión.
Villegas anotó que "aún si hubiera investigaciones, lo que no es probable, eso no es obstáculo para un ascenso y menos una mención en medios de una organización que, por respetable que sea, carece de jurisdicción".
Este jueves, HRW emitió un comunicado desde Nueva York en el que señaló que "las autoridades colombianas deberían asegurar que los generales y coroneles contra quienes haya evidencias creíbles de que han participado en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos no sean ascendidos en la actual ronda de ascensos".
En la misiva, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que de proceder con el ascenso "antes de que concluyan los procesos penales", el Senado colombiano "transmitiría el mensaje de que las autoridades colombianas no tienen un compromiso serio de garantizar que haya justicia" por los delitos cometidos por los altos militares.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en "falsos positivos".