"El consejo directivo convoca, en conjunto con los movimientos sociales, a una movilización en demanda de la sanción de la ley de Emergencia Social", indicó en conferencia de prensa uno de sus secretarios generales, Juan Carlos Schmid.
Tras una reunión de su mesa directiva, el triunvirato que dirige la CGT manifestó su rechazo "ante la reiteración de despidos en distintos lugares y sectores de la actividad económica", pero descartó cualquier posibilidad de convocar una huelga general.
Estas organizaciones presentaron en abril el proyecto de la ley de Emergencia Social para reconocer "una situación que padece un tercio de la población en nuestro país y que nosotros la vivimos cotidianamente", según explicó por entonces Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.
La normativa propone la actualización de los programas de cooperativas, la universalización de las tarifas sociales para los colectivos más vulnerables, y la devolución del IVA para los beneficiarios de planes sociales.
Esta medida es apoyada por diputados de la coalición opositora Frente para la Victoria, del Frente Renovador, del Bloque Justicialista, y del Peronismo para la Victoria, además de otros partidos no peronistas como Libres del Sur y Proyecto Sur.
Para contentar a la CGT el Ejecutivo consensuó con las cámaras empresariales un bono extraordinario de 2.000 pesos (131 dólares) que recibirán los trabajadores del sector privado en diciembre, aunque empresarios de distintos sectores advirtieron posteriormente que no podrían afrontar esta paga extraordinaria.
Los directivos de las compañías más importantes del país, "que firmaron el acta-acuerdo en presencia del Ejecutivo, seguramente van a tener problemas en las empresas porque nosotros descontamos que lo que expresaron en la mesa lo van a cumplir en sus respectivos lugares", zanjó Schmid durante la rueda de prensa.
Desde entonces amenazaban con realizar una huelga general junto con las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina.
Con el apoyo de sindicatos adheridos a la CGT, la Asociación de Trabajadores del Estado realizará un paro general contra el Gobierno argentino para la primera quincena de noviembre, según confió días atrás a Sputnik Nóvosti su secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy.
