"Esperamos que lo que pide la fiscalía sea muy próximo a lo que dicte el juez", afirmó. Sin embargo, Bellizzi recordó que en los 17 años que lleva la investigación, muchos de sus impulsores han muerto, por lo que no podrán ver el resultado del objetivo por el que tanto lucharon con apoyo de los sindicatos uruguayos e italianos.
Pero también han muerto los represores: la resolución emitida por la fiscal de Roma Tiziana Cugini, pide la extinción de la condena para cinco de los imputados, por fallecimiento. Por este motivo, la causa de Bellizzi "cayó", explicó la hermana del desaparecido.
"El juicio lleva a que este genocidio sea público. Fue un genocidio a todos los pueblos que quisieron oprimir. Oprimieron y masacraron a personas que querían luchar por un país libre y con instituciones democráticas vigentes", agregó.
El abogado que representa al Estado uruguayo en el proceso judicial italiano, Fabio Galiani, dijo a Sputnik que el pedido de la fiscal es "importante", porque quiere decir que el Ministerio Público considera que "existen las pruebas necesarias para condenar a estas personas".
Uruguay, como parte civil en el proceso, "produjo 35.000 páginas de documentos". Asimismo, pidió un resarcimiento por daños que, en caso de ser obtenidos, serán remitidos a los familiares de los involucrados en las causas.
"Para nosotros es muy importante que suceda esta operación de justicia por parte de Italia. Es una obligación internacional con Uruguay en lo que respecta a las víctimas uruguayas", aseguró el letrado.
Uno de los imputados, el uruguayo Jorge Tróccoli, se encuentra actualmente en Italia. El militar retirado fue objeto de procesos judiciales en Uruguay, pero luego escapó a Italia y obtuvo la nacionalidad de ese país. Es uno de los inculpados para los que se pide la cadena perpetua.
En un principio se pidió el procesamiento por su acción frente a las víctimas uruguayas con nacionalidad italiana, pero luego se incluyeron los casos para aquellas únicamente con nacionalidad uruguaya.
