El Instituto Arturo E. Sampay presentó este lunes una denuncia ante la Corte Suprema contra "el Gobierno de Inglaterra encabezado por la primera ministro Theresa May y demás integrantes de su Gobierno" y contra "el presidente de la Nación Argentina Ing. Mauricio Macri y todos los integrantes de su gabinete de ministros", según el documentos al que tuvo acceso Sputnik Nóvosti.
La Corte fue apelada también para que libre una rogatoria urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "a fin que adopte las medidas en consonancia con las disposiciones del Capítulo VII de la Carta de la ONU".
"Comunique y emplace a la potencia extranjera agresora a abstenerse de la realización de los ejercicios militares anunciados para los días 19 a 28 de octubre de 2016", es el tercer pedido de la defensa del Instituto al alto tribunal.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) con sede en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (este), también presentó una denuncia ante la justicia la semana pasada contra la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, y el vicecanciller Carlos Foradori.
El acuerdo supone una violación de la Constitución argentina, "por la que todos los argentinos tenemos un mandato constitucional de cómo afrontar el reclamo de soberanía, y por la vulneración de las leyes vigentes en materia de pesca y de hidrocarburos", señaló el excombatiente.
En una declaración conjunta que firmaron el 13 de septiembre en Buenos Aires, la canciller Malcorra y el vicecanciller británico Alan Duncan se manifestaron abiertos a la posibilidad de establecer vuelos directos entre Malvinas y terceros países, con escala en territorio argentino.
En ese comunicado, sin precedentes desde 1999, los Gobiernos de Mauricio Macri y Theresa May también se plantearon profundizar "el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".
"Algo que es central es que la propia cancillería argentina manifiesta que se van a quitar todos los obstáculos para posibilitar el desarrollo económico de las islas Malvinas, en sintonía con la carta que el 2 de agosto mandó Theresa May a Macri en la que planteó esas mismas solicitudes", recordó Alonso.
Argentina denunció penalmente en 2015 a las empresas que realizaban exploraciones en Malvinas, las cuales generalmente son subsidiarias de las petroleras British Petroleum o Shell, explicó el representante del Cecim.
El Gobierno británico avisó la semana pasada que retomaría a partir del próximo miércoles estas maniobras, las cuales incluyen el lanzamiento de misiles.
"Hoy las islas Malvinas son un punto neocolonial militar que no sólo afecta la paz de Argentina, sino también de la región", señaló Alonso.
En 1985, recordó el excombatiente, se construyó la fortaleza de Mount Pleasant, "donde hay alojados más de 2.000 militares británicos".
La ONU ha emitido hasta ahora 41 resoluciones, según el Cedim, sobre la necesidad de encontrar una solución pacífica al conflicto por la soberanía del archipiélago ocupado por Reino Unido desde 1833 y reclamado por Argentina desde entonces.
