El organismo sugirió "disminuir la aplicación de la prisión preventiva y privilegiar la aplicación de medidas cautelares en el medio libre y no privativas de libertad, como principio y no como excepción", señala el periódico.
Las recomendaciones de Unicef fueron realizadas en el marco de un seminario internacional que tuvo lugar los días 30 y 31 de agosto, del que participaron más de 120 expertos en sistema penal juvenil.
El organismo propuso a Uruguay "adaptar el sistema penal juvenil a un sistema procesal penal acusatorio" que esté en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el resto de la normativa nacional e internacional "de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes", informa El Observador.
Unicef también sugirió "profesionalizar y jerarquizar" a los operadores del sistema penal juvenil, en especial a los defensores públicos, "otorgándoles los recursos adecuados para garantizar la aplicación y cumplimiento" de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos.
A principios de 2013 el parlamento uruguayo, donde la izquierda tiene mayoría, aprobó una ley por la cual se aumentan las penas para los delitos cometidos por menores de 18 años.
Así, la normativa 19.055 estableció una pena mínima de un año de prisión para los delitos considerados graves, como homicidio intencional, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada y secuestro.
La aprobación de la ley tuvo lugar en el marco de una campaña para plebiscitar la baja la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, impulsada por los partidos de derecha.
La propuesta, votada junto a las elecciones nacionales de octubre de 2014, no alcanzó, por escaso margen, el mínimo de voluntades para su entrada en vigor, pero contó con el respaldo de un número importante de la población.
En Uruguay hay 753 adolescentes en el sistema penal juvenil, de los cuales 473 están en prisión y 280 cumplen penas no privativas de libertad.
Entre quienes están en prisión, solo el 15 por ciento cometió delitos considerados graves, sin embargo Uruguay tiene 52,5 adolescentes privados de libertad por cada 100 mil menores de 18 años, una de las tasas más elevadas de la región.
