Este viernes la CIDH y el Estado mexicano "finalizaron un acuerdo sobre la integralidad de los recursos necesarios para poner en marcha el mecanismo" de vigilancia de la tragedia, informó el organismo, perpetrada en la ciudad de Iguala con participación de agentes policiales.
"Estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado con el gobierno mexicano a los efectos de pasar a la etapa de implementación del mecanismo", dijo el presidente de la CIDH, James Cavallaro.
La CIDH otorgó una medida cautelar para la protección y acción urgente, desde el 3 de octubre de 2014.
"Este objetivo continúa incumplido, y la Comisión ha urgido al Estado reiteradamente a redoblar esfuerzos a fin de determinar su paradero", dijo Cavallaro.
El organismo solicitó al Estado mexicano las "medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de 43 estudiantes identificados como desaparecidos, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, entre otras solicitudes", dijo el Relator de la CIDH para México, Enrique Gil Botero.
Medidas cautelares
La principal medida cautelar, de urgente cumplimiento, está contenida en la resolución 42/2016 del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH nombrará dos asesores técnicos especiales de la secretaría Ejecutiva del organismo continental para recopilar información y documentación sobre el caso, y visitas a México con la frecuencia y por el tiempo que resulte necesario para su labor.
Las visitas de los altos funcionarios del organismo de la OEA tendrá "acceso pleno a la información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información del caso, de acuerdo con la normatividad mexicana vigente y los estándares internacionales aplicables".
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La institución interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
El GIEI ha señalado "la existencia en las investigaciones de una presunta obstrucción de la justicia y sobre otros temas como las deficiencias del trabajo pericial, la omisión de recabar declaraciones relevantes, la insuficiente indagatoria sobre delincuencia trasnacional y la posible existencia de tortura, entre otros
Los abogados de las familias de las víctimas plantean que "la investigación debe dejar de centrarse en la hipótesis del basurero de Cocula —donde se localizaron los restos del único estudiante identificado hasta la fecha— y abarcar los aspectos señalados por la propia Comisión sobre delincuencia trasnacional y uso de tecnología para evitar el empleo de la tortura.