La norma eleva los requerimientos de transparencia para prevenir los conflictos de interés en que puedan incurrir autoridades y funcionarios públicos, mediante tres mecanismos.
En primer lugar, se obliga a todos los funcionarios a presentar una declaración jurada de patrimonio e intereses, cuyo incumplimiento prevé desde sanciones pecuniarias hasta la destitución.
Por último, los funcionarios están obligados por la ley a enajenar sus participaciones en empresas que presten servicios al Estado, o cuyos servicios tengan tarifas reguladas o que exploten concesiones estatales.
Bachelet continúa afectada por una baja aceptación popular, de solo 18% según encuestas, que se atribuye en parte a las acusaciones de tráfico de influencias que pesan sobre su hijo Sebastián Dávalos y su nuera Natalia Compagnon.