La ambición está más descontenta de lo que no tiene, que satisfecha con lo que tiene (Fénelon, 1651-1715).
El primer intento de golpe lo tuvo que afrontar Evo Morales en 2008, cuando los prefectos departamentales opositores de la región conocida como la 'Media Luna' (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca) exigieron la autonomía y declararon un paro, lo que llevó a realizar un referéndum revocatorio de los mandatos del presidente y de los prefectos departamentales que tuvo lugar en agosto 2008. La población confirmó por una amplia mayoría del 67% al presidente Morales. También fueron confirmados los prefectos como una muestra de la peculiaridad del pensamiento de los bolivianos.
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Nueve días después, los prefectos opositores llamaron al "paro cívico" por tiempo indefinido con el bloqueo de rutas contra el Gobierno nacional. En septiembre de aquel año hubo atentados contra el gasoducto en Tarija y varios simpatizantes de Evo Morales fueron asesinados. Se detectó también la intromisión del embajador norteamericano, Philip Goldberg, en el conflicto, y sus encuentros con los líderes de la oposición. Goldberg, finalmente, fue expulsado de Bolivia. En respuesta, el Gobierno de George W. Bush puso Bolivia en la 'lista negra' de los países narcotraficantes. El segundo intento de sacar a Evo Morales del poder se produjo durante la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), en agosto de 2011, cuando sus dirigentes declararon que "esta marcha es para tumbar a Evo". El pueblo no permitió a la CIDOB realizar su plan que, fue inspirado por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) auspiciadas por Washington.
Evo Morales pudo lidiar con aquellos tres intentos de golpe y pudo neutralizarlos rápidamente. Sin embargo, el actual intento de 'tumbarlo' por el sector del cooperativismo minero, que estaba dando un fuerte respaldo a Evo Morales y a su Movimiento al Socialismo (MAS) desde el 2005, podría debilitar seriamente al Gobierno boliviano. Los cooperativistas están afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que ya cumplió 47 años. El Fencomin tiene siete legisladores elegidos con la sigla del MAS, el viceministro de Transporte, Pascual Guarachi, es cooperativista y también la organización tiene su representante en la superintendencia del ramo.
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Sin embargo, la participación de la minería cooperativista en el PIB es mínima. Resulta que en estas 1.700 cooperativas hay unos 10.000 socios que, prácticamente, son dueños de sus cooperativas, que utilizan la mano de obra barata de peones o 'makunkus', que carecen de todos los derechos laborales. Según los datos oficiales, solo el 16% de los cooperativistas aportan al seguro obligatorio. Durante el auge de los precios de los minerales, que duró hasta 2012, los socios de estas empresas acumularon riqueza sin aportar nada sustancial al Estado o a sus propios trabajadores. Según el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, "la cooperativa no hace nada más que recibir su título de concesión minera, lo entrega a una empresa privada y recibe un porcentaje de las utilidades por una operación de intermediación entre una empresa y el Estado. Si el Estado hubiera firmado el contrato directamente con una empresa privada, los ingresos que el país recibiría por la explotación de los recursos naturales serían del 39% de la ganancia de la empresa, mientras que en la actualidad es solo del 1%".
La minería cooperativa surgió a nivel mundial durante la crisis económica de 1929, provocada por el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. En Bolivia, el crecimiento de las cooperativas mineras había sido lento hasta 1980, cuando el presidente, Luís García Meza, (1980-1981) invitó al famoso 'gurú' de la 'terapia de choque' económico, el profesor de Harvard Jeffrey Sachs, que fue recibido en Bolivia como un héroe que prometió que el país "experimentará un boom económico en 1986". En aquel entonces, la inflación había llegado a un 25.000%. Durante el Gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), las recetas de Sachs lograron a detener la inflación y el modelo de la 'terapia de choque' fue recomendado para todos los países latinoamericanos. Precisamente, en este período empezó el proceso de desmantelamiento del sector productivo estatal y la privatización de las empresas nacionales.
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Mientras tanto, las cooperativas seguían fortaleciéndose y convirtiéndose, poco a poco, en unas empresas privadas al asociarse sus socios con el capital privado y las transnacionales. Sin embargo, sus dirigentes percibieron el neoliberalismo como un peligro para su existencia, aliándose la Fencomin con el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Precisamente, los cooperativistas fueron los que, en los momentos difíciles del Gobierno de Morales, le dieron su apoyo incondicional, logrando que el Ejecutivo fuera un protector y benefactor del cooperativismo. En 2006, al inicio del Gobierno del MAS, las cooperativas mineras tenían 56.359 hectáreas concesionadas, cuya extensión creció para 2014 a 428.628 hectáreas. A medida que corría el tiempo, las ambiciones de los socios para obtener más riqueza empezaron a pasar los límites, afectando los intereses de Estado, mientras crecía también la explotación desmesurada tanto de los recursos nacionales, como de los trabajadores.
Entonces es lógico que desde que el Gobierno empezó en 2014 a intentar 'ajustar las tuercas' al cooperativismo a través de la publicación de un proyecto de la nueva Ley de Minería, surgió el descontento dentro del Fencomin. Si en 2006, su líder, Alejandro Santos, solía decir que "las cooperativas mineras y sus 150.000 cooperativistas siempre hemos apoyado a nuestro presidente Evo Morales porque su política es excelente", en 2014, el mismo líder declaró que "si bien Fencomin y todos los cooperativistas hemos elevado a Evo Morales a presidente de Bolivia, así también podemos bajarlo". Por mucho que ha tratado el Ejecutivo de suavizar la tensión y no perder a su fuerte aliado político, las exigencias de los cooperativistas han estado poniéndose cada vez más drásticas y radicales.
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Lo que quieren los cooperativistas es modificar la Ley de Minas para que les permita hacer los contratos con las empresas privadas y con las transnacionales libremente. Se calcula que ya tienen entre 50 a 100 contratos con las transnacionales, a pesar de que la Ley de Minería y la Constitución Política de Bolivia no lo permiten. Los cooperativistas están rechazando rotundamente la sindicalización de sus trabajadores, que en realidad son sus peones. Exigen también la flexibilización de las licencias ambientales, a pesar de que un 80% de los cooperativistas no están cumpliendo con estos trámites. Y, para el colmo, están reclamando la reinversión de las regalías, aunque pagan al Estado solo el 2,5%, frente al 8,5% que aportan las empresas privadas. También quieren, entre muchas otras demandas, que el Estado instale el tendido eléctrico en todos los lugares donde tienen concesiones y que la tarifa sea subvencionada.
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Por el momento, hay una calma, aunque tensa, en el país, y la Fiscalía ya identificó a los autores del asesinato de Illanes y dio orden de captura de 18 cooperativistas y del presidente del Fencomin, Carlos Mamani, y del vicepresidente, Agustín Choque. Sin embargo, las futuras acciones de los cooperativistas mineros son impredecibles, particularmente en las condiciones cuando las transnacionales los están incentivando a radicalizarse para poner fin al programa 'Vivir Bien', que Evo Morales ha tratado de promover en el país y con buenos resultados, haciendo alianzas, ofreciendo concesiones, firmando compromisos prácticamente con todos los actores políticos del país. Esta estrategia funcionó por un tiempo, especialmente en los períodos de la bonanza extractiva. Apenas terminó este período surgieron los problemas. Lo que anhelan los cooperativistas es lograr mayor acceso a riqueza con el mínimo de esfuerzo, aunque sea a costa de los intereses nacionales de Bolivia.
De allí viene la conclusión: no se puede luchar contra el neoliberalismo aplicando las políticas neoliberales aunque suavizadas o modificadas, pero quedándose siempre neoliberales, como lo estaba haciendo el Gobierno del Movimiento al Socialismo.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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