La policía procesó a Lula y a su esposa por corrupción activa, pasiva y blanqueo de dinero, al considerar que se habrían beneficiado con hasta 2,4 millones de reales (749.000 dólares) provenientes de la empresa constructora OAS, una de las implicadas en la trama corrupta destapada por la Operación Lava Jato.
El abogado de Lula aseguró que el informe policial no parte de hechos, sino de suposiciones, y que está plagado de errores jurídicos.
"Lula y su esposa no son propietarios del inmueble que habría recibido las mejoras; no son funcionarios públicos, que es la premisa del delito de corrupción pasiva; Lula no participó de la contratación indicada en el informe, de forma que éste pretende atribuirle la práctica de un delito sin que tenga ninguna relación", dice el comunicado.
El abogado también cuestiona la imparcialidad del policía que lleva el caso, el comisario Marcio Adriano Anselmo, porque según él "tiene un historial de ofensas a Lula en las redes sociales y ya expresó su simpatía por un campo político antagónico al del ex presidente".