México ha tenido "una tasa de crecimiento decepcionante" en su economía, a pesar de haber realizado en los últimos años más reformas estructurales que otros países, dice el informe financiero.
La revisión de la perspectiva de las calificaciones en escala global refleja, al menos, una posibilidad en tres de tomar la decisión de bajar la calificación al país latinoamericano en los próximos 24 meses, dijo la calificadora estadounidense.
La deuda de México tiene actualmente la calificación BBB+, que significa en los mercados "una capacidad adecuada para cumplir pagos, pero más sujeto a condiciones económicas adversas". Por ahora su proyección no es estable, sino negativa.
Al cambiar la perspectiva de la calificación sobre la deuda del gobierno mexicano, la calificadora estadounidense abrió la posibilidad de bajar la nota si no hay una reducción en los pasivos del sector público federal mexicano que podría llegar al 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) este año 2016.
Además, la "percepción de corrupción" limita los beneficios de las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña, en particular en materia de inversión.
Esa rebaja de la calificación se tomaría en dos años "si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas, y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos", dijo en un análisis S&P.
Bajos ingresos petroleros
Además del continuo bajo crecimiento del PIB, México padece una reducción de los ingresos petroleros por los bajos precios del crudo, y el margen menor para reducir el gasto en proyectos de inversión y los costos de personal, explica S&P.
Esos factores "podrían dificultar que el gobierno estabilice su deuda como participación del PIB en los próximos dos años", advierte el reporte financiero del país vecino de EEUU.
Asimismo, el nivel de deuda podría "seguir aumentando moderadamente como resultado de los déficit fiscales, la potencial depreciación de la moneda, y la probable ayuda financiera a las empresas no financieras del sector público".
S&P, institución financiera que analiza los riesgos los papeles de la deuda mexicana, es una de las tres grandes calificadoras occidentales, junto con la británica Fitch Ratings y la estadounidense Moody's, que este mismo martes tomó la misma medida.
La carga de intereses, actualmente en torno al 9 por ciento de los ingresos del gobierno federal, podría aumentar, y esto reflejaría una limitada base de ingresos y la necesidad de mantener tasas de interés, consistentes con la dependencia que tiene el Estado de las entradas del portafolio de capital externo: "Cualquiera de esos dos resultados elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos", advierte S&P.
Deuda creciente
La deuda neta del Gobierno federal se ubicó en el 42 por ciento del PIB en 2015, se prevé que para 2016 llegue al 45 por ciento y se acerque a los niveles del 47 y 48 por ciento del PIB en el lapso 2018-2019.
"El índice de deuda ha aumentado de manera continua desde solo el 28 por ciento del PIB en 2005, lo que refleja el impacto de los constantes déficit fiscales moderados en un contexto de bajo crecimiento del PIB en este periodo", señaló S&P.
"Aunque el nivel de deuda de México es moderado, el gobierno tiene un margen menor de maniobra fiscal que el que tenía hace 10 años", explican los expertos.
Entre las causas del endeudamiento de México está la reducción de los ingresos petroleros en el presupuesto gubernamental, debido a los bajos precios mundiales del crudo: las aportaciones fiscales petroleras al gasto público en los últimos dos años bajaron, de representar más del 30 por ciento a menos del 20 por ciento de los ingresos federales, no obstante que las ventas al exterior de la industria petrolera representan solo un 6 por ciento de las exportaciones totales del país, que están dominadas por productos manufacturados y agrícolas en un 90 por ciento.
El Gobierno de Peña hizo notables reformas estructurales para modernizar la economía (en energía, educación, telecomunicaciones, fiscal y financiero), sin embargo, "las debilidades en la gobernabilidad, que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción, limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión", puntualiza el análisis.
