En la actual plataforma continental uruguaya pueden detectarse "aproximadamente 350 buques, pero solo los que permiten ser detectados, que tienen su equipo encendido y pueden ser recepcionados por nuestros sensores, ya que no tenemos posibilidad de trabajar con radares", dijo el lunes ante la Comisión de Defensa del Senado el comandante de la Armada, Leonardo Alonso.
Alonso compareció ante la Comisión junto al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y los comandantes en jefe del Ejército y la Fuerza Aérea para dar cuenta del estado del pobre estado del equipamiento militar.
Uruguay espera la decisión de un grupo especializado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que lo autorice a ampliar su zona económica exclusiva o mar patrimonial de 200 a 350 millas.
El territorio uruguayo tiene una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, mientras su zona económica exclusiva actual, sobre la cual tiene derechos especiales para explotar recursos acuáticos y submarinos, es de 132.286 kilómetros cuadrados.
El país inició en 2009 las gestiones ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas para extender esa zona hasta las 350 millas, lo cual implicaría sumar otros 81.000 kilómetros cuadrados.
A partir de entonces, las Fuerzas Armadas uruguayas tendrían que vigilar una extensión mayor de aguas que de tierras.
El país invierte el uno por ciento de su Producto Interno Bruto en el presupuesto de defensa, por debajo del promedio de América Latina que ronda el 1,5 por ciento.
"El presupuesto de defensa ha crecido en los últimos años, pero principalmente por incrementos salariales que si bien no son nada magníficos, han mejorado", dijo a Sputnik Nóvosti el politólogo y experto en temas militares Julián González Guyer.
Mientras, lo que se destina a armamento e infraestructura "ha sido históricamente insuficiente en todo el siglo XX", salvo en algunos años, como en 1950, cuando Estados Unidos "desparramó por todo el Tercer Mundo", por muy poco dinero, el equipamiento de la Segunda Guerra Mundial, observó.
Muchos de los buques y aviones uruguayos datan de esa época y siguen en uso en Uruguay.
"En este escenario, con el tránsito de 350 buques, podemos ser objeto de piratería, de accidentes marítimos, contaminación, narcotráfico, contrabando y pesca ilegal, tal como lo hemos vivido", agregó el comandante Alonso según la versión taquigráfica de la Comisión del Senado a la que accedió Sputnik Nóvosti.
"Pueblos en el mar"
Uruguay comenzó en marzo una exploración petrolera a unas 100 millas de la costa en asociación con la empresa francesa Total.
La ampliación territorial "es el primer desafío junto al de la prospección petrolera porque las plataformas marítimas eventualmente son pueblos en el mar", aseguró a esta agencia el legislador.
García agregó que las políticas nacionales priorizan la inversión en hospitales o escuelas antes que en las Fuerzas Armadas, pero estas "también se necesitan".
La Armada es la más desguarnecida de las tres fuerzas. En 2013, un informe del Ministerio de Defensa al parlamento aseguraba que de 12 buques, 10 estaban en condición "de marginal para abajo" y solo uno se encontraba en situación "sustancialmente lista" para navegar.
"La situación de la Armada es desastrosa", con "un plantel de buques que la mayoría está inútil, y el que está funcionando, funciona en condiciones marginales", concluyó García.
El Ministerio de Defensa representa el 17 por ciento del presupuesto de la Administración Central y el 3,67 por ciento del gasto público total.
A su vez, 72 por ciento del presupuesto del Ministerio de Defensa se destina a pagar salarios y cargas sociales, 23 por ciento al funcionamiento y tan solo cinco por ciento a inversiones, según cifras oficiales.
El debate sobre el equipamiento militar se avivó luego de que en el transcurso de una semana un avión caza y un helicóptero de la Fuerza Aérea se precipitaran a tierra mientras hacían vuelos de entrenamiento, causando la muerte a sus cuatro tripulantes.
Mientras el Ministerio de Defensa investiga las causas, en la opinión pública ha calado la idea de que los accidentes se debieron a la caducidad de los aparatos, que superaban los 40 años.
