"He levantado la huelga de hambre por pedido de mi familia, ya que no quiero que se sigan preocupando", dijo Sala en una carta entregada al juez Isidoro Cruz y difundida en las redes sociales.
Las autoridades del penal sancionaron a Sala, parlamentaria del Mercosur, con 10 días de confinamiento en una celda, aunque la dirigente podrá ser visitada por sus familiares directos.
En la medianoche del lunes, la organización barrial Tupac Amaru, que dirige Sala, levantó un campamento en Buenos Aires, frente a la sede de Gobierno, para exigir el cese inmediato del castigo.
Allí anunciaron que iniciaban una huelga de hambre dos dirigentes de Tupac Amaru, Alejandro Gafagnini y Nélida Rojas, así como líderes de otras organizaciones, el sacerdote Francisco Olivera, de Curas en Opción Por Los Pobres, y Gumercinda Giménez, de las Madres Contra la Violencia Institucional, además de una docente de la Universidad de Buenos Aires, Ana González.
Uno de los expedientes en los que está imputada investiga la supuesta apropiación de 2,1 millones de dólares destinados a la construcción de viviendas sociales que debía realizar su organización.
Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas se han manifestado contra la detención de Sala por considerarla ilegítima e ilegal, ya que podría estar libre mientras se procesan los delitos de los que se la acusa.