"La OA pidió que se investigue si se habrían otorgado incentivos de forma irregular por 130 millones de dólares", informaron las fuentes.
La OA, una secretaría dependiente del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, solicitó que se investigue a las empresas Petrolera Argentina (PASA) y Refinería Neuquina (RENESA), integrantes del consorcio "Más Energía".
El programa "Refinación Plus", con el que el Estado argentino subsidiaba la producción y refinación de crudo, fue una iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) entre 2008 y 2012 bajo la esfera de la Secretaría de Energía, dependiente del entonces Ministerio de Planificación que dirigía De Vido.
RENESA se había comprometido "a la construcción y montaje de líneas para movimiento de producto, de una unidad de destilación atmosférica de crudo y de una planta de producción de naftas de alto octanaje a partir de nafta virgen".
A cambio, la empresa recibió 124 millones de dólares, aunque en principio iba a percibir 53 millones, pero no culminó la construcción de la planta "en clara violación de lo dispuesto por la normativa vigente", indicó la OA.
"Es decir que, en definitiva, se le concedió en concepto de incentivos un 231,75% más de lo proyectado originalmente", añadió el organismo.
La compañía tampoco habría cumplido con la producción anunciada, "que alcanzó el 12,4% de lo comprometido", indicó la oficina.
PASA, por otro lado, obtuvo casi 6 millones de dólares, tres veces más de lo acordado en un comienzo, debido a una modificación del proyecto original.
"De los elementos acompañados se desprendería que la firma PASA recibió los incentivos en forma de certificados de créditos fiscales en su totalidad, antes de haber concluido las obras y luego de transcurrido los plazos que la normas imponían", denunció la OA.
Los delitos que la justicia debe investigar, según la OA, son el supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y peculado.