Los líderes magisteriales fueron detenidos el 12 de junio pasado, y continuarán enfrentando en libertad los juicios sometidos a procesos bajo caución, obligados a pagar multas de 160.000 pesos, y 80.000 pesos (unos 8.000 y 4.000 dólares), que los maestros aún no pagan por falta de recursos, explicó la jurista.
Otros seis maestros de menor rango en el liderazgo del gremio magisterial detenidos en la misma fecha habían sido excarcelados en las semanas anteriores.
Los dirigentes enfrentan acusaciones federales por presuntas operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilegales originadas en la administración de fondos sindicales por 132 millones de pesos (más de 6,5 millones de dólares).
Los arrestos ocurrieron en el marco de intensas protestas en los estados con predominio de población indígena de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán contra una reforma educativa que obliga a los maestros a evaluaciones para preservas sus plazas en el magisterio.
La CNTE es una fuerza que moviliza en esos estados unos 200.000 maestros, disidente del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más grande América Latina, con más de 1,5 millones de afiliados, contra una reforma educativa constitucional.
Los maestros rebeldes rechazan la implementación de esa reforma, aprobada por el Congreso en 2013, por considerarla punitiva, diseñada contra derechos laborales adquiridos, y como una estrategia que busca estandarizar la educación en zonas indígenas y rurales marginadas del desarrollo.