Ante representantes de todos los poderes, reunidos en el Palacio Nacional, el presidente reconoció por primera vez que cometió "un error", 20 meses después de que estalló el escándalo sobre la mansión conocida como la "Casa Blanca" por su color, y valuada en unos 4,5 millones de dólares, que una investigación periodística reveló que fue comprada con facilidades financieras a un contratista del gobierno y amigo del mandatario.
"Reconozco que cometí un error; no obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno", dijo Peña al promulgar las leyes anticorrupción.
El mandatario agregó que "en carne propia" logró sentir "la irritación de los mexicanos".
"La entiendo perfectamente, por eso con toda humildad les pido perdón, y les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé", aseguró.
El líder mexicano abundó sobre el tema: "cada día, a partir de ello estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción".
Una revelación incómoda
Peña comparó este nuevo modelo contra la impunidad en la corrupción, con el cambio en el sistema político mexicano por la creación del Instituto Federal Electoral en los años 1990, que abrió la puerta a la alternancia en el poder: "en unos años se recordará esta fecha como el inicio de una nueva etapa para la democracia y el estado de derecho" en México, expresó.
"Estamos tan lastimados y dolidos por esta práctica, pues en buena medida gracias a las tecnologías de la información y la libertad de expresión, la sociedad se entera cotidianamente de actos de corrupción de servidores públicos y particulares", advirtió.
Según Peña, "es necesario" verse en el espejo y "asumir una visión autocrítica del desempeño".
El nuevo sistema crea instituciones "fuertes y autónomas" para prevenir y castigar la corrupción; elimina tramites innecesarios en el sistema de compras para permitir que se haga con mayor transparencia y alienta una efectiva rendición de cuentas.
En ese marco, este lunes renunció el secretario federal de la Función Pública, Eduardo Andrade, nombrado por Peña en febrero pasado para investigar el caso de la Casa Blanca, construida y financiada por un contratista del gobierno, Grupo Higa, —cuya investigación terminó en una exoneración federal de un conflicto de intereses, que indignó a la oposición y medios críticos—; y ese cargo ahora deberá ser ratificado por el Senado.
La versión anterior de las leyes anticorrupción fueron vetadas por Peña porque obligaba no solo a los funcionarios públicos sino a cualquier empresa o ciudadano que ejerza fondos públicos, a presentar tres declaraciones juradas, conocida como "Ley Tres de Tres": declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
El presupuesto federal mexicano asciende a unos 240.000 millones de dólares en 2016, y organismos civiles de expertos consideran que alrededor del 10 por ciento se pierde anualmente en actos de corrupción, es decir entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.
