"Recién en la sala de espera del hospital me enteré de que la campaña era para no tener más hijos, ya estaba en la lista antes de saber para qué era", dijo Rosa Sánchez, una de las mujeres víctimas de esterilización forzada.
Bajo el mandato de Fujimori (1990-2000) se implantó en Perú un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado la esterilización de cerca de 300.000 mujeres, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y en su mayoría indígenas.
Si bien las mujeres entrevistadas por ese medio confirmaron que nunca fueron consultadas sobre si querían o no someterse a la ligadura de trompas, los médicos que realizaron los tratamientos de anticoncepción quirúrgica en ese hospital aseguran que todas fueron informadas.
"De 1996 al año 2000 todo fue voluntario (en el Hospital Amazónico), se trataba de un programa de planificación familiar, se hacían análisis previos, yo creo que las señoras están exagerando mucho, y si de repente han pasado esas cosas, no ha sido a todas, no podemos generalizar", dijo el médico Walter Leveau Bartra.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, 2.074 mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento realizaron la denuncia ante el Ministerio Público de Perú.
Al menos 18 mujeres murieron en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a las que fueron sometidas.
Tanto Fujimori como sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996), Marino Costa (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000), están siendo investigados por homicidio doloso agravado en la práctica de esterilizaciones forzadas y podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión.
El expresidente además cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.