"Con estas herramientas, vamos a cerrar un capítulo muy doloroso", señaló Macri durante un acto transmitido en directo a través de internet por la Casa Rosada (sede del Gobierno).
Existen unos 300.000 juicios por reajuste de haberes que los jubilados interpusieron contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo responsable de ejecutar los pagos.
"A aquellos que no están cobrando lo que les corresponde, se le ajustarán los haberes jubilatorios estén o no esté en trámite judicial", anunció Macri.
El resto de los jubilados que enjuiciaron al Estado, hayan obtenido o no sentencia firme, cobrarán un retroactivo de acuerdo con las sumas adeudadas, mientras que aquellos que se jubilen una vez la ley haya sido sancionada, cobrarán desde el primer día los valores actualizados.
Esta iniciativa beneficiará a más de 2,5 millones de jubilados, según el Gobierno.
El presidente pidió que se debata a partir de ahora "un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo".
"Con este instrumento que estamos enviando al Congreso buscamos reparar años de injusticia", sostuvo.
El pago para recompensar la falta de ajustes en las jubilaciones costará al Estado 75.000 millones de pesos cada año (18.750 millones de dólares), y se obtendrá de dos maneras.
En primer lugar, se utilizará un programa que lanzará el Gobierno de blanqueo de capitales.
Para poder pagar las deudas a los jubilados, el Gobierno cobrará un impuesto a los mayores capitales que regresen al país y que han evadido impuestos en los últimos años, indicó Macri.
"Los invitamos a que hagan un sinceramiento fiscal y a repatriar estos fondos", dijo el presidente.
Macri afirmó que hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior y se lo llevaron porque no confiaron en el Estado.
"Lo que más fortalece la confianza es compartir la verdad", resumió el jefe de Estado, que animó a terminar con "décadas de atropello y estafa".
Según la organización Tax Justice Network, el capital que los argentinos fugaron al exterior para no declararlo ronda los 400.000 millones de dólares, entre activos dinero e inversiones inmobiliarias.