Así lo confirmó en entrevista con el diario brasileño O Estado de Sao Paulo el actual ministro de Ciudades, Bruno Araújo, quien explicó que el Ministerio requerirá de al menos 40 días para analizar la viabilidad del proyecto y establecer "metas realistas" en función al déficit acumulado en las cuentas públicas en Brasil.
"Es preferible que identifiquemos los límites reales del programa y que los números anunciados sean el límite de la contratación", señaló Araújo al anunciar que los dos millones de contratos fijados hasta 2018 serán cancelados hasta que exista una estimación de los costes reales, que Rousseff estimó en 210.600 millones de reales (unos 59.402 millones de dólares).
Anteriormente, el pasado 18 de mayo, el ministro Araújo había suspendido una ordenanza para la construcción de 6.250 viviendas y otra que desde permitía a la Caixa Económica Federal y la Secretaria Nacional de Viviendas financiar hasta 5.000 viviendas de tal forma que el número total de viviendas que no serían realizadas ascendió a las 11.250 unidades.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Ciudades destacó que la medida era simplemente de precaución debido a los nuevos estudios que deberán realizarse por parte de los equipos técnicos de la Secretaria Nacional de Vivienda ante el elevado déficit de las cuentas públicas, es decir, los recortes en la primera semana se cobraron el 1,5 por ciento de principal programa social.
Desde su lanzamiento en 2009, el programa "Mi casa, Mi Vida" proporcionó 4,25 millones de viviendas sociales a los brasileños más necesitados y se esperaba que la cifra alcanzase los 5,75 millones de viviendas hasta el fin del mandato de Rousseff en 2018 con un total de 23 millones de personas beneficiadas en todo Brasil, algo que podría quedar en el papel.
