"El compromiso del Gobierno no es solo con el mantenimiento del programa 'Mi Casa, Mi Vida' sino también con la importancia de perfeccionamiento en la medida de que la economía permita su ampliación, justamente con el objetivo de garantizar que los programas sociales puedan proseguir", declaró la nota.
"Es preferible que identifiquemos los límites reales del programa y que los números anunciados sean el límite de la contratación", señaló Araújo al anunciar que los dos millones de contratos fijados hasta 2018 serán cancelados hasta que exista una estimación de los costes reales que Rousseff estimó en 210.600 millones de reales (unos 59.402 millones de dólares).
La propuesta de Rousseff de activar la 3ª fase del "Mi Casa, Mi Vida" se produjo en julio de 2014 en plena campaña para las presidenciales de aquel año en las que la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso por 54 millones de votos y un programa claramente volcado al desarrollo de los exitosos programas sociales marca de la casa.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Ciudades destacó que la medida era simplemente de precaución debido a los nuevos estudios que deberán realizarse por parte de los equipos técnicos de la Secretaria Nacional de Vivienda ante el elevado déficit de las cuentas públicas, es decir, los recortes en la primera semana se cobraron el 1,5 por ciento de principal programa social.
Cabe recordar que la semana antes de su suspensión por el Senado el 12 de mayo, la líder del PT advirtió sobre los argumentos de "reenfoque" que emplearía el nuevo Gobierno para reducir los programas sociales "a polvo": "Enfocar el 'Mi Casa, Mi Vida' es reducir la importancia del programa, transformarlo una vez más en un simple programa piloto que es lo único que saben hacer".
Desde su lanzamiento en 2009, el programa "Mi Casa, Mi Vida" proporcionó 4,25 millones de viviendas sociales a los brasileños más necesitados y se esperaba que la cifra alcanzase los 5,75 millones de viviendas hasta el fin del mandato de Rousseff en 2018 con un total de 23 millones de personas beneficiadas en todo Brasil, algo que podría quedar en el papel.