“En su intento de justificar el ataque al Estado Democrático de Derecho conducido por partidos políticos, empresarios, oligopolio de la información y corporaciones, el Ministerio interino de Relaciones Exteriores de Brasil emitió notas criticando los gobiernos latinoamericanos y el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, por denuncia el golpe parlamentario”, suscribió Rousseff.
“Fuerzas partidarias como las que pretenden ahora conducir la política externa brasileña, tradicionalmente sumisas a las grandes potencias, no tienen autoridad política o moral para invocar al principio de soberanía, sobre todo cuando han practicado la injerencia en asuntos internos en otros países de la región”, añadió Rousseff en una nueva referencia a Venezuela.
En este sentido, Rousseff escribió que “los gobiernos y pueblos de América Latina están preocupados con las amenazas que el nuevo ministro ha hecho a Mercosur” y recordó la intención de Serra de “establecer acuerdos económicos y comerciales profundamente negativos para el interés nacional”.
Por último, la presidenta brasileña, quien el pasado 12 de mayo fue apartada por el Senado durante 180 días, agradeció la solidaridad que está recibiendo del “mundo entero”: Nos sentimos más fortalecidos en nuestra disposición de resistir el golpe que se pretende consumar contra nuestra democracia”.
Tema: El “impeachment” de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil
El pasado 13 de mayo, un comunicado del nuevo ministerio de Exteriores brasileño declaró el “repudio” a las declaraciones de secretario general de Unasur, Ernesto Samper, al apuntar que este habría “cualificado de manera equivocada el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado brasileño” y habría presentado “argumentos erróneos” con “juicios de valor infundados y prejuiciosos”.
Además, un segundo comunicado condenó a los gobiernos y gobernantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y los países que componen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP que, según el comunicado, se permiten “opinar y propagar falsedades sobre el proceso político en Brasil”.