"En marzo del presente año, las empresas elaboraron junto a los Gobiernos federal y estatal, así como los órganos públicos, un acuerdo para la reparación, mitigación y compensación de los daños causados por el rompimiento; el proceso de elaboración del acuerdo no permitió la participación de los afectados, interesados directos en la reparación de los daños", sentenció la nota.
"El fiscal de la República, Edmundo Antonio Dias Neto Junior, señala que el acuerdo sería una especie de consorcio entre las empresas Vale, Samarco, BHP y el Gobierno", afirmó Greenpeace a la vez que señaló que "su homologación aumentará el sufrimiento por la pérdida de los medios de subsistencia de modos de vida y de la memoria de pescadores, agricultores e indígenas".
Entre sus argumentos, la organización citó la acción civil emprendida el pasado martes por el Ministerio Público Federal que estimó la indemnización total por los daños provocados por los 62 millones de toneladas de lodo tóxico sobre el lecho fluvial del río Doce y el litoral de Espíritu Santo en torno a 155.000 millones de reales (unos 44.268 millones de dólares).
Por último, Greenpeace advirtió que "las empresas responsables por el crimen no pueden decidir por ella mismas la reparación de los daños colectivos o la indemnización de las familias" y recalcó que la mayor organización ecologista del país "no aceptará la perpetuación de la violencia realizada por medio de una acuerdo que legitima las prácticas criminales y resta responsabilidad al Gobierno".
