Las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) "empiezan a tomar en serio el impacto del accidente en Clorados III sobre las comunidades locales y el medio ambiente", dijo Robin Perkins, líder del programa de tóxicos de la organización ecologista.
Las autoridades de Protección Civil aseguraban que no había contaminación en la zona, sin embargo "Greenpeace advirtió desde el primer momento de la posible liberación de tóxicos al ambiente y demandó que se tomaran las medidas pertinentes", dijo a periodistas el responsable del programa.
El siguiente paso, de acuerdo con Perkins, es que Mexichem "asuma su responsabilidad en esta tragedia y actúe en la remediación con el respeto y transparencia que merece la gente de Coatzacoalcos", ciudad portuaria petrolera del Golfo de México, el sureño estado de Veracruz.
La pregunta es "¿por qué el Gobierno dejó seguir funcionando, a una empresa con una historia de accidentes, que manejaba químicos altamente tóxicos?, había un riesgo tan alto de un complejo al lado del río Coatzacoalcos y una comunidad".
Las autoridades ambientales, los grupos ecologistas y la sociedad civil "tenemos que revisar radicalmente el manejo de sustancias peligrosas en México para evitar que una tragedia de esta magnitud se repita".
Luego de la tragedia Greenpeace tomó muestras de agua y tierra del ambiente en la zona para analizar la presencia de sustancias tóxicas después de la explosión.
La organización ambientalista recomendó que la Planta Clorados III "debería ser cerrada permanentemente y todas aquellas industrias que manejan sustancias químicas peligrosas deben eliminar el uso de compuestos tóxicos que son en sí, un riesgo permanente".
