Estos fueron los principales episodios del conflicto:
Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, Argentina llevó a cabo el primer canje masivo, una reestructuración con importantes quitas y plazos más largos, aceptada por casi la mitad de los tenedores de bonos.
Ya con Cristina Fernández como presidenta, en 2010 se presentó el segundo canje.
Un 66 por ciento de los fondos que habían rechazado el canje en 2005 accedió esta vez a la reestructuración de la deuda. Argentina refinanció sus bonos por 12.067 millones de dólares, y logró una quita del 65 por ciento.
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En total, los tenedores del 92,4 por ciento de los fondos aceptaron los canjes impulsados por el Gobierno.
Primeros obstáculos
En 2012 comenzaron a aparecer los primeros obstáculos.
En octubre de ese año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó que Argentina había discriminado a los bonistas que habían rechazado los canjes.
Ese mismo mes, la Fragata Libertad de la Armada argentina fue retenida en Ghana por un recurso de amparo presentado por el Grupo NML Capital, un fondo con sede en las Islas Caimán, que no había entrado a los canjes de 2005 y 2010.
Luego de permanecer más de dos meses retenido en el país africano, el Tribunal Internacional del Derecho al Mar, obligó a Ghana a liberar el navío.
Thomas Griesa
Ello suponía para el país un desembolso de 1.330 millones de dólares, más intereses.
En 2013, la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo de primera instancia de Griesa.
Argentina apeló la decisión del magistrado en 2014, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó el recurso del país sudamericano, por lo que el caso volvió a manos del juez Griesa, quien dictaminó que Argentina debía cumplir con la sentencia anterior.
La justicia estadounidense automáticamente frenó ese pago a los bonistas que formaban parte del canje, aunque no embargó el dinero.
Comenzaron así distintas negociaciones entre ambas partes, pero Argentina aclaró desde el comienzo que no podía acatar la sentencia; de hacerlo incumpliría la cláusula Derechos Sobre Futuros Oferentes (RUFO, por sus siglas en inglés) con los fondos que habían aceptado el canje y podría ser objeto de nuevas demandas.
En julio de 2015, Griesa decidió que todos los bienes del Gobierno argentino en los Estados Unidos podían ser considerados comerciales, con excepción de los militares y diplomáticos, permitiendo así que el patrimonio argentino pudiera ser embargado a petición de los fondos buitre.
Lo cierto es que el país confirmó que solo tenía bienes diplomáticos en territorio estadounidense, así que la opción del embargo no tenía efectos prácticos.
La ONU falla a favor de Argentina
Los principios son: soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.
El documento recibió el voto favorable de 136 países, mientras que 41 se abstuvieron y otros seis votaron en contra (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón e Israel).
Una semana después se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que rechazaba la decisión del magistrado estadounidense de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos en euros que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 y demandaron a Argentina por la deuda impaga.
Victoria electoral de Macri y nueva etapa
A un mes de asumir, el equipo negociador del Gobierno de Macri se reunía por primera vez con Daniel Pollack. El seis de febrero Argentina proponía a los fondos acreedores pagar la deuda con una quita del 25% sobre los 9.000 millones que reclamaban los bonistas.
La propuesta argentina fue aceptada por dos de los seis tenedores de bonos y fue festejada como una victoria tanto por el Gobierno como por Pollack.
El monto del acuerdo —4.653 millones de dólares-, representaba el 85 por ciento de la deuda no reestructurada.
Pago a acreedores
El proyecto, aprobado en ambas cámaras por legisladores del oficialismo y de la oposición, autorizaba al Gobierno a emitir deuda por 12.500 millones de dólares.
El exministro de Economía argentino tras la crisis de 2001, Ernesto Lavagna, calificó el acuerdo con los fondos buitre de "malo y extremadamente caro, pero inevitable".
El miércoles el Gobierno argentino emitió 16.500 millones de dólares de deuda para hacer efectivo el pago a los bonistas.
Se trata de 1.500 millones más de lo que el Gobierno había anunciado y 4.000 millones de dólares más de lo autorizado por el Congreso.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dijo que la tasa promedio de interés, del 7,2 por ciento, es "la más baja de la historia".
Finalmente, a través de una transferencia bancaria de 9.300 millones de dólares, este viernes Argentina comenzó a pagar a los fondos buitre, dando cierre a casi 15 años de litigio.
