"Mi preocupación hoy día, teniendo ya opinión, es que este control preventivo sea aprobado con la minoría de la (coalición gobernante) Nueva Mayoría; creo que es un problema político que debiéramos considerar", manifestó al sitio web El Mostrador el presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, del oficialista Partido Socialista.
El Gobierno intentó obtener el consenso del bloque de diputados oficialistas, pero hasta el lunes las negociaciones no habían dado resultado.
"Lo que el Gobierno tiene que tomar nota es que mayoritariamente las bancadas de la Nueva Mayoría no están por respaldar el control preventivo", dijo el presidente del Partido Por la Democracia, Jaime Quintana, según consigna El Mostrador.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos también cuestionaron la iniciativa.
"Nos oponemos a estas medidas porque son un atentado contra la ciudadanía y la democracia: no solo son un retroceso en materia judicial, sino que afectan la potencial cohesión social, reduciendo enormemente las libertades y derechos de las personas", dijo el lunes al diario La Tercera el abogado Diego Rochow, de la organización no gubernamental Leasur.
Por su parte, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, consideró esta medida como "una herramienta eficaz" siempre que no afecte los derechos individuales.
"Si existe la sensación de que puede producir eso, hay que ponerle todas las limitaciones que la gente estime conveniente", señaló, según publica este martes el diario La Tercera.
El artículo forma parte de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, un paquete de modificaciones legales que ya fue aprobado en el Senado sin los votos del Partido Socialista.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, es su principal defensor.
