En su petición, Cardozo apuntó a la "vulneración del debido proceso legal y al derecho de defensa" una acusación basada en su experiencia como defensa del Gobierno durante la comisión parlamentaria de 'impeachment' y que concluyó con el informe favorable a la destitución de Rousseff del diputado del Partido Trabajista de Brasil (PTB), Jovair Arantes.
"No se puede permitir bajo ninguna hipótesis que los procesos plagados de ilegalidades produzcan sus resultados sin una impugnación. Especialmente ante las nefastas consecuencias que podrían conducir al país a una dramática situación de convulsión social en el caso de que la presidenta de la República fuese destituida", subrayó la solicitud de la AGU.
Otros argumentos empleados por el exministro incluyeron la inclusión de testimonios ajenos al proceso contra Rousseff, que debería haberse basado únicamente en la acusación de delito de responsabilidad fiscal, como fueron las declaraciones del senador Deicidio de Amaral ante la Justicia Federal en las que apuntó posibles maniobras ilícitas de la líder del Partido de los Trabajadores (PT) para evitar su destitución.
Por último, Cardozo denunció que su compañero en la AGU, Fernando Albuquerque, no consiguió presentar sus alegaciones durante las sesiones de la comisión parlamentaria lo que demostraría que el proceso previo a la votación en la Cámara de los Diputados habría resultado "viciado" y que en ningún momento tuvo por objeto dilucidar la inocencia o culpabilidad de la presidenta Rousseff.