El informe “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. A 40 años del golpe, 10 años de justicia”, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, resume los datos actualizados a marzo de 2016, de los procesos judiciales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976-1983).
En total, hay 526 causas activas, con 2354 personas que han sido imputadas. 669 personas fueron condenadas en los últimos diez años (703 desde 1985), y 68 absueltos en 156 sentencias.
En las 370 causas que no han obtenido sentencia, se encuentran procesadas 876 personas, 255 imputados han fallecido o fueron declarados incapaces sin ser sentenciados, y existen 57 prófugos.
Según el informe, “la confirmación de sentencias continúa demorando más de lo esperado. Únicamente el 25% de laspersonas condenadas tiene su sentencia firme, 17% por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, pero los altos tribunales han ratificado todas las sentencias condenatorias.
Una de las asignaturas pendientes es el procesamiento de los responsables civiles del terrorismo de Estado. Hasta la fecha hubo 19 empresarios acusados por su colaboración con la violencia militar, pero solo dos condenados. Se espera la sentencia para uno de ellos, Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte La Veloz de Salta, y se espera que la Corte se pronuncie sobre los fallos que beneficiaron a Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Salta, y a Vicente Massot, en la provincia de Buenos Aires. También hay 54 funcionarios judiciales imputados, pero solo dos condenados.