MONTEVIDEO (Sputnik) — “El Estado debe incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil la actividad de la víctima como defensor de derechos humanos”, señaló en un comunicado Francisco Eguiguren, relator de la CIDH para Honduras, quien añadió que estos crímenes no deben quedar en la impunidad.
Según la CIDH, en los últimos años integrantes de Copinh han sido víctimas de numerosos actos de agresión, criminalización, amenazas e intimidaciones.
García fue asesinado el día 15 cuando llegaba a la casa de su suegra a almorzar, luego de haber estado ayudando a mover los enseres de familias desalojadas de la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés (costa norte).
El crimen se cometió el marco del desalojo de esa comunidad, del que participaron numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad estatales, añadió el Copinh.
En esos momentos Cáceres se encontraba acompañada por otro activista, el mexicano Gustavo Castro, quien logró salir con vida y es el único testigo de su asesinato.
Castro no puede salir de Honduras pese a haber declarado ya en varias ocasiones y haber manifestado que teme por su vida.
Cáceres y Castro preparaban una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas hondureñas, donde empresas pretenden construir un gran proyecto hidroeléctrico y minero.
