MONTEVIDEO (Sputnik) — "Honduras no es sólo uno de los dos países más violentos del mundo debido al número de muertes violentas per cápita, junto con el vecino El Salvador, sino que es el país más peligroso para las y los defensores del medio ambiente", señaló Tosello, responsable de Protection International para El Salvador y Honduras.
A los asesinatos y agresiones físicas se suman "las amenazas, intimidaciones y hostigamiento que quedan impunes mientras que, al contrario, opera todo un aparato judicial y político con el objetivo de criminalizar y judicializar a las personas que defienden su territorio", explica.
En 2015 fueron asesinados cuatro defensores de las comunidades lencas y en febrero asesinaron a cinco indígenas tolupanes, según datos de Protection International, especializada en elaborar estrategias de protección de defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo.
Datos de otras organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2010 y 2015 fueron asesinados 109 ambientalistas.
El asesinato de Berta Cáceres
El mexicano se encontraba acompañando a Cáceres en su domicilio cuando varios hombres entraron armados de madrugada; herido de bala en la oreja, fue dado por muerto por los matadores de la ambientalista, contó días atrás a esta agencia su hermano y también activista social Óscar Castro.
Pese a que su seguridad "está siendo garantizada por el Estado mexicano", el riesgo es alto, ya que el asesinato permanece impune: "los autores materiales y los organizadores intelectuales del asesinato no han sido encontrados, juzgados ni castigados", añadió Tosello.
Falta de transparencia
Sin embargo, añade la ONG, el sistema judicial, junto con el discurso de las autoridades gubernamentales y de los medios de comunicación corporativos, siguen investigando y señalando a miembros del COPINH (el Consejo Coordinador de Pueblos Indígenas de Honduras que dirigía Berta Cáceres) como sospechosos.
Tosello denunció que "no han sido atendidas las denuncias puestas anteriormente y ratificadas por varios testigos sobre las amenazas y agresiones que Berta, el COPINH y la comunidad de Río Blanco recibieron por parte de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de grupos paraestatales y autoridades estatales".
Protection International forma parte de las más de 200 organizaciones que piden una investigación internacional e independiente para esclarecer el caso.