BOGOTÁ (Sputnik) — La creación de un comité tripartito de monitoreo y verificación, anunciada el 19 de enero por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), implica mucho más que un cese del fuego.
El primer paso es un compromiso público de que se respetarán todas las prohibiciones convenidas, y que será monitoreado por el comité tripartito que están armando el Gobierno de Colombia, miembros de las FARC y delegados de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y verificado por la ONU, cuyo Consejo de Seguridad tiene en sus manos la organización de los detalles.
Para las FARC esto implica cesar las acciones contra la población civil, los ataques a la infraestructura de cualquier tipo (desde oleoductos hasta carreteras), los secuestros y las extorsiones, el reclutamiento forzado y el narcotráfico.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, deben detener todas sus operaciones militares, así como otro tipo de acciones ofensivas contra las FARC, las labores de inteligencia y espionaje y la propaganda de desprestigio contra esa guerrilla.
El siguiente paso clave es la concentración de los combatientes de las FARC (unos 7.000 efectivos) en determinadas zonas.
La opción es una reforma legal, que está tramitando el Congreso, para delimitar zonas amplias con corredores específicos para que los miembros de las FARC no se crucen con los militares, que seguirán sus ataques contra la segunda mayor guerrilla colombiana, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las bandas criminales (remanentes de milicias paramilitares) y grupos del narcotráfico.
La aceptación de las FARC de concentrar su pie de fuerza en una o varias zonas claramente delimitadas garantiza asimismo que estas no se conviertan en espacios donde la población civil quede expuesta a su control, al tiempo que protege a los insurgentes de ataques de soldados o de terceros que traten de boicotear el proceso de paz.
Para sostener la estadía y manutención de los frentes guerrilleros en las zonas de concentración, se requieren despliegues logísticos, alimentarios, financieros, de comunicación y sanitarios, entre otros.
Por tanto, poner en marcha el cese del fuego entraña una logística de grandes proporciones, que debe incluir a los observadores de paz, personas no armadas que actuarán como fiscalizadores en lugar de los cascos azules que han hecho parte de misiones de paz en otros países.
Los costos del cese del fuego y desarme de las FARC serán asumidos por el Consejo de Seguridad de la ONU durante el tiempo que tome el mecanismo de verificación, previsto por 12 meses prorrogables a solicitud de las partes.
El Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron en septiembre de 2012 que se disponían a entablar diálogos de paz en La Habana sobre una agenda de seis puntos previamente acordada en contactos secretos sostenidos desde 2011.
El objetivo es firmar un acuerdo final de paz el 23 de marzo.
