La declaración sobre "crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria" solicita al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que presente "un plan de abastecimiento de alimentos, insumos agrícolas y agroquímicos para garantizar la producción".
Entre esas propuestas se incluye estudiar el intercambio de petróleo por alimentos con otros países, pedir que una misión de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) evalúe la situación alimentaria del país, y auditar a decenas de empresas y programas estatales consagrados a la producción y distribución de alimentos.
Los proyectos de ley presentados buscan crear estímulos a la producción nacional, reformar al Banco Central para darle transparencia a sus cuentas y distribuir un bono para alimentos y medicinas a tres millones de jubilados y pensionados.
En el agrio debate, los oradores de la oposición encabezados por el jefe de su bancada, Julio Borges, culparon al Gobierno de la caída de la producción, especialmente en alimentos de los que el país se autoabastecía e incluso exportaba hace 10 años, y de haber expropiado unas 300 agroindustrias que prácticamente están paralizadas.
Del lado oficialista, el exministro de Vivienda, Ricardo Molina, y los demás oradores acusaron a la oposición de declarar sucesivas emergencias, en salud, alimentación, agua, electricidad y seguridad, para favorecer una intervención extranjera.
Venezuela, en paralelo con la caída vertical de su ingreso petrolero desde 2014, padece una fuerte carestía y escasez de alimentos, sobre todo los agroindustriales de consumo masivo, de medicinas, artículos de higiene, insumos agrícolas, de construcción y repuestos.
El Gobierno de Maduro atribuye esta situación a una guerra económica, de la cual forma parte el sobreabastecimiento de petróleo para provocar la caída de los precios internacionales y hacer inviables economías como la venezolana.