Ese mismo escenario, de aumento nominal pero pérdida en el valor real, afectó también a los programas Brasil Sonriente, Pronaf y Luz Para Todos, mientras que el programa de viviendas sociales "Minha Vida Minha Casa" (Mi Vida Mi Casa, en español) sufrió un recorte en el presupuesto de 2016 de un 58 por ciento teniendo en cuenta la inflación, algo que impedirá el objetivo del Gobierno de entregar 3 millones de viviendas.
Considerado como el principal programa social del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, el "Minha Vida Minha Casa" perdió casi 200 millones de reales (51,3 millones de dólares) en su presupuesto de 2016, una circunstancia que el Ministerio de Ciudades relacionó con "el escenario de recesión mundial que afectó a la economía brasileña recientemente e impuso una restricción presupuestaria a los programas del Gobierno".
Sin embargo, el Ejecutivo de Rousseff no tiene ninguna intención de permitir que la crisis económica afecte a sus principales programas sociales y el líder del Gobierno en la Cámara de los Diputados, José Guimaraes, confirmó la semana pasada que estos programas son "el alma de nuestro Gobierno" y que "no serán alterados", una afirmación que fue inmediatamente criticada por la oposición del país.
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En diciembre, el objetivo de Rousseff de rebajar el objetivo de superávit del gobierno en 2015 en el 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para garantizar la continuidad de los programas sociales provocó un enfrentamiento con el entonces ministro de Finanzas, Joaquim Levy, quien era partidario de aumentar los recortes, que concluyó con la salida de este y la incorporación de Nelson Barbosa al frente del nuevo equipo económico.
Desde la llegada al poder por el PT en 2003, de mano del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, los programas sociales de Brasil consiguieron liberar de su situación de extrema pobreza a 36 millones de brasileños, eliminar el hambre en el país y contribuir a un aumento de las tasas de escolarización a niveles nunca vistos, un esfuerzo histórico que ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una de las mejores políticas sociales entre los países emergentes.