"El país está picado por la mitad y clama por la reconciliación nacional, necesaria para salir de la crisis", planteó al presentar el proyecto la diputada opositora Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política de la Asamblea, en una sesión transmitida por varias señales de televisión privada.
Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, rechazó la ley propuesta argumentando que "no puede haber amnistía si no hay reconocimiento de los delitos cometidos, solicitud de perdón y si no son las víctimas quienes deciden o no perdonar a sus victimarios".
El proyecto fue adoptado con los votos de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que cuenta con 109 de los actuales 163 diputados, frente a 54 del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y grupos aliados.
La medida beneficiaría a 78 opositores que se consideran presos políticos, entre ellos Leopoldo López, líder del partido radical de oposición Voluntad Popular, y Manuel Rosales, del grupo Un Nuevo Tiempo, quien disputó la presidencia de la República en 2006 con el entonces mandatario Hugo Chávez, fallecido en 2013.
López fue condenado a casi 14 años de cárcel como instigador de desórdenes en 2014.
En esas protestas callejeras, y en su represión, murieron 43 personas, incluidos siete guardias nacionales, más de 800 resultaron heridas y hubo más 3.000 detenidos.
Rosales por su parte fue imputado en 2008 por presunto enriquecimiento ilícito y en 2009 abandonó el país.
Tras regresar a Venezuela en octubre de 2015, fue detenido.
Una ley de amnistía y reconciliación, cuyos detalles se mantuvieron en reserva hasta el jueves, fue la principal oferta política de la MUD para la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre, en la venció al oficialismo por primera vez en más de quince años de gobiernos chavistas.
El presidente Maduro ha dicho reiteradamente que se opondrá a la ley "pues no puede haber impunidad y los verdugos no pueden perdonarse a sí mismos", lo que dejaría la posible amnistía en medio de la lucha entre poderes del Estado.
Según el texto propuesto, la amnistía cubre más de 30 situaciones o períodos de alteración del orden público con trasfondo político desde 1999 hasta 2015, y el perdón y borrón de las causas seguidas quedaría en manos de los tribunales y el Ministerio Público.
Se exceptúan de la amnistía los delitos de violación de derechos humanos, casos de corrupción y crímenes que puedan ser considerados de guerra o de lesa humanidad.
El proyecto fue aprobado en primera lectura, lo que significa que será discutido artículo por artículo en las próximas semanas, según establece la legislación venezolana.
